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Proyecto de Decreto Reglamentario. Precios de Transferencia

BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING – BEPS

Con ocasión de la reciente publicación del Proyecto de Decreto “Por el cual se sustituyen y modifican artículos de los Capítulos 1, 2, 3, y 4 del Título 2 de la Parte 2 y el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 6 de Libro 1 del Decreto 1265 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con las modificaciones introducidas al Régimen de Precios de Transferencia por la Ley 1819 de 2016.Punto Franco Consulting considera oportuno exponer las siguientes reflexiones[1].

Vender bienes o servicios con un mínimo margen de utilidad a un comprador artificial que a su turno y en virtud de cierta vinculación, los transfiere a un tercero previsto como real adquirente, con el propósito de desplazar una parte de la base gravable del impuesto sobre la renta hacia un tratamiento tributario más conveniente o menos controlado, abarcando diferentes jurisdicciones nacionales, supone erosionar la base gravable.

Asimismo, adquirir bienes o servicios suministrados por proveedores que en virtud de cierta vinculación pactan contractualmente objetos y precios a conveniencia del ficto cliente en Colombia que, indebidamente, registra los respectivos pagos como costos o gastos que aminoran el impuesto sobre la renta, cubriendo diferentes jurisdicciones, supone igualmente erosionar la base gravable.

Fórmulas como las anteriores se identifican con modelos de planeación tributaria considerada con frecuencia y por descuido como “agresiva”, incorporados en el menú de servicios de muchas firmas de consultoría en el mundo. Modelos que infortunadamente y en la práctica han descendido del ámbito técnico, necesario y apreciable de la planeación tributaria, al de la arriesgada y cada vez más desacreditada evasión tributaria, en abierta violación de la añeja pero competente definición de Inexactitud presente en el Estatuto Tributario, recientemente remozada.

Base Erosion And Profit Shifting (BEPS), Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (EBTB), constituye una respuesta teórica encomendada a expertos designados por naciones de economías desarrolladas, clasificada en acciones específicas para enfrentar maniobras de estructuras empresariales multinacionales que impactan negativamente sus ingresos tributarios, constituyendo una mayor amenaza en las recientes épocas de estrechez fiscal.

Han surgido así iniciativas dirigidas a que las entidades encargadas de controlar los impuestos, rodeen el obstáculo que encarnan las líneas limítrofes y las soberanías de los países, para tratar de proteger la base gravable del impuesto sobre la renta. Estas doctrinas han sido prestamente descubiertas y fusiladas por países de distintos niveles de desarrollo, entre ellos Colombia,

Una primera iniciativa con origen en las postrimerías del siglo pasado y que en Colombia se inscribió bajo la ley 788 del 2002, con adaptaciones en reformas tributarias posteriores, corresponde al control de los precios que una empresa factura por concepto de bienes o servicios a un vinculado en el exterior, a vehículos de inversión localizados jurisdicciones no cooperantes o en zonas francas, en pos de verificar si difieren de aquellos precios convenidos entre partes independientes.

La simplicidad de esta definición de los “Precios de Transferencia”, no concuerda con las complejas consecuencias que ha traído su implementación, no solamente en  Colombia, ni la acostumbrada ausencia de evaluaciones sobre la menor erosión de la base gravable efectivamente lograda por el Estado. De la mano con la habitual actualización del registro único tributario, la preparación y presentación de la documentación comprobatoria y de la declaración informativa, se han activado propósitos institucionales que cuantitativa y cualitativamente priorizan los controles de lo formal sobre lo sustancial, fiscalizando a los contribuyentes por el incumplimiento de dichos requisitos documentales y no por la mengua de la base gravable y del respectivo impuesto a cargo.

Otras medidas relacionadas e igualmente reproducidas por Colombia para enlistarse en las filas de la lucha internacional Base Erosion And Profit Shifting (BEPS), corresponde a las implantadas con la reforma tributaria de 2016, erróneamente llamada estructural, para disponer de mejores instrumentos de intercambio de información con otros países y ganar puntos en el propósito de adherir a Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Además de las modificaciones hechas sobre los artículos 260-3,  260-5, 260-10 y el 260-11, la Ley 1819 de 2016 adicionó al mismo Estatuto Tributario, mediante su artículo 139, el Libro Séptimo dedicado al Régimen de Entidades Controladas Del Exterior-ECE), alineadas con la acción 3 BEPS. Estas corresponden a sociedades sin residencia fiscal en Colombia, controladas por uno o más residentes fiscales colombianos (882 a 893 Estatuto Tributario). Su objetivo radica en que dichos contribuyentes determinen y declaren el impuesto generado por la renta resultante de ingresos pasivos de dichas ECE, cuando su participación en el capital o en los resultados equivalga al 10% o más.

En dicho marco, se da preferencia al Método de Precio Comparable no Controlado, a efectos de determinar el precio o el margen de utilidad en las operaciones celebradas con vinculados (Acción 10 BEPS). Así, en aquellos casos en que el contribuyente no demuestre el precio de la transacción facturado con sujeción a la fecha o periodo de su fijación, procederá la autoridad fiscalizadora a establecer dichos factores, conforme a las prácticas normales del mercado y la evidencia disponible (260-3 Estatuto Tributario).

Manan también de la Ley 1819 medidas de control relativas a la documentación que sobre los precios de transferencia debe aportarse para aumentar la transparencia (Acción 13 BEPS). Se contempla la exigencia de más documentación comprobatoria con un informe maestro con datos globales relevantes del respectivo Grupo Multinacional, así como un reporte local sobre cada operación realizada, con el que se debe demostrar la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia (260-1 y 260-2 Estatuto Tributario).

En gracia de lo anterior, las autoridades estatales responsables de promover y expedir normas de naturaleza impositiva ahondan, tal vez con poca conciencia técnica, en más y más complejidad para un sistema tributario ya extenso, desestructurado y, por demás, ineficiente en términos de recaudo. Con frecuencia, al acoger iniciativas foráneas, generalmente sin haber sido reconocidas como experiencias exitosas en su origen, se pasa por alto el nivel de aplicabilidad en el contexto económico nacional, máxime si se analiza sectorialmente. También se obvia la opción de no imponer raseros inoficiosos a los sujetos pasivos; la concurrencia de medidas adoptadas con similares fines; el verdadero potencial del control a partir de la extraordinaria cantidad de información allegada a las entidades competentes; la capacidad institucional cuantitativa y cualitativamente disponible en cuanto recursos humanos, económicos, tecnológicos, etc., para no mencionar la capacidad que se pretende de los empresarios con su multifacética condición de contribuyentes, o también la ausencia de control sobre modalidades de infracción de idénticas características que diariamente ocurren a nivel “interdepartamental” e “intermunicipal”, sin necesidad de explorar soberanías extranjeras.

En conclusión, …establecer más y más normas de control, no es garantía de menos “erosion”, ni de más “Tax Revenue”.

O.F.

[1]
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda. Consultada el 14 de agosto de 2017.

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